Las conversaciones de 1950 habían puesto de relieve la ambición de la MPEAA por aprovechar al máximo la nueva dinámica bilateral. Los represen tantes norteamericanos habían regresado a Nueva York sin resultados concretos, pero con la firme convicción de que el gobierno español era consciente de estar obligado a mover ficha al confirmarse el nuevo rumbo de las relaciones bilaterales. El levantamiento de las sanciones diplomáticas establecidas por las Naciones Unidas en 1950 y la notificación de que Estados Unidos se disponía a enviar un embajador a España a finales de ese año reforzaron ese presentimiento. Inmediatamente, las asociadas de la MPEAA ordenaron a sus filiales detener la adquisición de licencias de importación, dando inicio así a un boicot de facto sobre el mercado español. El objetivo no era otro que provocar el colapso de la producción local (dependiente del mercadeo de esas licencias) y forzar así una nueva negociación desde posiciones de fuerza. Países como Argentina, Dinamarca, Australia o Gran Bretaña habían accedido recientemente a las pretensiones de la corporación tras meses de boicot. La MPEAA estaba escenificando el fin de la «inmunidad» de la que había gozado la política cinematográfica española.
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