Un negocio corrupto

La industria cinematográfica española giraba desde 1941 en torno a la figura legal de los permisos de importación. De su disponibilidad en el mercado dependían el ritmo de las importaciones y la producción nacional.^[1] Supuestamente creadas como instrumento legal para canalizar las importaciones de cine extranjero, en la práctica se emplearon exclusivamente como vehículo de importación de películas estadounidenses, ya que el cine de otras procedencias fue mayoritariamente importado a través de clearings bilaterales. A lo largo de los años finales de la Segunda Guerra Mundial se produjo un boom en la solicitud y concesión de licencias. Los desencadenantes fueron la laxa interpretación de la legislación, el pacto de silencio en torno a la corrupción y el sistema de financiación de exportaciones coordinado desde la Embajada estadounidense. Este último factor fue fundamental a la hora de comprender la tolerancia del gobierno español, puesto que las divisas invertidas en la importación de películas acababan siendo empleadas en el país por la propia misión norteamericana. No obstante, en un contexto de posguerra que acarrease la suspensión del programa económico aliado, el mantenimiento de semejante ritmo importador podía convertirse en una amenaza para la política autárquica.