Directorio Militar

Introducción

Denominación de la primera etapa de la Dictadura de Primo de Rivera, entre el golpe de estado 13-IX-1923 y el 3-XII-1925, cuando la evolución política del régimen da paso a un Directorio Civil que, en la práctica, es un gobierno de la formación política que con el nombre de Unión Patriótica se había ido gestando. En los orígenes del golpe de estado militar fue determinante el papel del rey Álfonso XIII, dando tiempo a que el pronunciamiento se extendiera y haciendo oídos sordos a las medidas que le reclamaba su presidente de gabinete, García Prieto, al igual que el papel del Ejército que quería una solución militar al problema de Marruecos; pero el Ejército fue el que asumió corporativamente la responsabilidad del golpe, aunque no hubiera conseguido sus propósitos de no haber mediado la posición favorable del rey y de la Iglesia, la crisis de representación de las clases dominantes -que dejaron de confiar en el sistema parlamentario de la Restauración como instrumento eficaz para seguir manteniendo su dominación frente a la creciente presencia política de sindicatos y partidos obreros-, las contradicciones en el seno del propio bloque de poder -que exigían una política y un personal político nuevos que reequilibraran los intereses y exigencias industriales frente a la superrepresentada gran propiedad agraria (de aquí el apoyo inicial de la burguesía catalana, bien conocido por el capitán general de Cataluña que era a la sazón Miguel Primo de Rivera, el de las Cámaras Oficiales de Industria y Comercio)-, sin que haya que dejar de tener en cuenta tampoco un escenario internacional en el que las soluciones dictatoriales, militares o civiles, se iban generalizando en el S. y el centro de Europa, así como en Latinoamérica. La proclama sediciosa de Primo de Rivera del 13-IX va dirigida ?Al país y al ejército?, y refleja desde el primer momento el programa del general: se constituirá en Madrid un Directorio inspector militar con carácter provisional encargado de mantener el orden público y asegurar el funcionamiento normal de los ministerios y organismos oficiales, requiriendo al país para que en breve plazo nos ofrezca hombres rectos, sabios, laboriosos y probos que puedan constituir ministerio a nuestro amparo?. El día 15-IX el marqués de Estella pasó a la firma del rey un Decreto por el que se constituía, bajo su presidencia, un Directorio Militar compuesto por un general por cada región militar (Adolfo Vallespinosa, Luis Hermosa y Kith, Luis Navarro y Alonso de Celada, Dalmiro Rodriguez y Pedré, Mayandía y Gómez, Francisco Gómez Jordana, Francisco Ruiz del Portal, Mario Musiera y Planes) y un contraalmirante de la Armada (marqués de Magaz). Simultáneamente se procedió a la supresión del Consejo de Ministros y a la substitución de los gobernadores civiles por los gobernadores militares, confirmándose el mantenimiento del Estado de Guerra. En la práctica el único ?ministro responsable? era el general Primo de Rivera, que pasaba los decretos al rey o consultaba con personal técnico de los ministerios; no había diferenciación de funciones en el seno del Directorio ni sus componentes tenían responsabilidades específicas, por lo que su carácter era meramente de asesoramiento. El Directorio era más un órgano asesor que un órgano de gobierno, pero representaba bien la ocupación del poder por parte del ejército, lo cual fue fundamentalmente instrumentalizado a través de la asunción de toda clase de funciones por los gobernadores civiles y del control de ayuntamientos y diputaciones por delegados gubernativos existentes en cada partido judicial, normalmente comandantes o capitanes nombrados por el gobernador militar, cuya tarea consistió en cambiar la composición de los órganos de la administración local y provincial. Con ello se pretendía erradicar el caciquismo y la vieja política, haciendo desaparecer el poder central (ministerios), el local y provincial (ayuntamientos y diputaciones) y el engarce tradicional entre los diferentes niveles (gobierno civil). Esta militarización de la administración no debe ocultar el hecho de que su función principal fue la de ir reclutando personal adicto en todas las instancias políticas, facilitando la construcción de una nueva administración local y provincial, de una nueva política en definitiva, que es lo que posibilitó el paso, dos años después, al Directorio Civil, cumplidas las tareas del Directorio Militar que se planteó como transitorio y provisional desde el principio. El Estado de Guerra se hizo realidad la tarde del 24-IX, a la vez que se suspendían las garantías constitucionales (arts. 4, 5, 6, 9 y 13) de la Constitución de 1876 que, en cambio, no fue formalmente derogada, se disolvía el Congreso de los Diputados y la parte electiva del Senado, y se implantaba la censura de prensa. La política del Directorio se concentró en destruir las estructuras de la ?vieja política? y en resolver los problemas de orden público con medios enérgicos, reprimiendo principalmente a las organizaciones del movimiento obrero y al catalanismo. El Estado de Guerra duró casi dos años, hasta V-1925 y posibilitó utilizar selectivamente toda clase de procedimientos (detenciones, destierros, multas, suspensión de periódicos y sindicatos) dirigidos principalmente contra los sindicalistas (Confederación Nacional del Trabajo, CNT), que pasaron rápidamente a la clandestinidad, y contra el catalanismo más radical, representado por el recién creado Estát Cataláde Maciá. El régimen militar recibió un claro espaldarazo con motivo del viaje de los reyes y de Primo de Rivera a Italia (XI-1923), ocasión para que el general español ?enaltezca, como jefe de los somatenes que soy y en nombre de éstos, al fascismo?, y para que Mussolini le dé una lección al neófito y más doctrinariamente confuso dictador español, esperando ?que la nación española siga la ruta que le enseñe la Italia fascista?. Parece que uno de los efectos del viaje a la Italia fascista fue el de abrir perspectivas orientadas hacia la organización de una institucionalización de la Dictadura, una búsqueda de instrumentos políticos y bases civiles para la misma. Desde la primavera de 1924 comienza una nueva etapa en en Directorio Militar y se producen los primeros movimientos tendentes a crear y desarrollar nuevos instrumentos políticos, comenzando a edificar en terrenos políticos y administrativos en los que hasta entonces se había destruido con rapidez y eficacia militares. Se aprueba el Estatuto Municipal con arreglo al cual se configuran los nuevos ayuntamientos, se vuelven a designar gobernadores civiles, retirando las competencias iniciales entregadas a los gobernadores militares provinciales, y se lanza la idea de la Unión Patriótica como futuro partido gubernamental a la vez que, desde los gobiernos civiles, se dan los primeros pasos para su construcción. Se crean, en definitiva, las condiciones para traspasar a manos civiles las tareas políticas que estaba desarrollando el ejército. El 15-XII-1925, en una Asamblea de Uniones Patrióticas, Primo de Rivera podía afirmar que ?esta liga, organización, o partido, ha salido de su periodo embrionario y alcanzado su mayoría de edad?. Uno de los problemas que había estado en el trasfondo de la solución militar a la crisis de la Restauración fue el de Marruecos, y era ésta otra de las cuestiones que el Directorio Militar debía resolver apremi an te mente, y de hecho la que mejor resolvió, temiendo hacer frente Primo de Rivera a los recelos y urgencias de los militares africanistas, bien testimoniadas por los agresivos brindis que se intercambió con el entonces teniente coronel Franco en Ben-Tieb en VII-1924 (en un almuerzo cuyos platos habían sido preparados todos con huevos). Acertó en preparar pausadamente y en colaboración con las tropas francesas el desembarco de Alhucemas en 8-IX-1925, en la primera operación militar española conjunta de los tres ejércitos de tierra, mar y aire; tras la ofensiva comenzó la pacificación, eufemismo que escondía el sometimiento por la fuerza de las kábilas, pero con la solución temporal del problema marroquí, Primo de Rivera aumentó su control del ejército y recibió el apoyo y el reconocimiento de los más importantes inversionistas, a la vez que incrementaba su popularidad en la opinión pública española. El Directorio Militar terminó con el sistema político de la Restauración y con el cáncer que para la sociedad española suponía la guerra de Marruecos. Primo de Rivera y sus apoyos políticos y sociales pronto dejaron de considerar a la Dictadura militar como una solución provisional (?una letra a noventa días?, en palabras del general), y comenzaron a institucionalizar el régimen. A esta tarea se aplicará el Directorio Civil desde enero de 1926.

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